El gobierno de Estados Unidos ha presentado una propuesta para imponer aranceles de hasta el 100% a las importaciones provenientes de Nicaragua, como respuesta a las crecientes violaciones de derechos humanos, laborales y fundamentales bajo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
La medida fue recomendada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), que publicó un informe la semana pasada en el que acusa al gobierno nicaragüense de desmantelar el Estado de Derecho, restringir la libertad religiosa y el derecho de propiedad, y fomentar el trabajo infantil.
"Como se expone en este informe, el régimen de Ortega-Murillo incurre en actos, políticas y prácticas irrazonables que obstaculizan y restringen las oportunidades comerciales de las empresas estadounidenses en Nicaragua.
Nicaragua comete abusos cada vez más generalizados contra los derechos laborales, restringe el derecho a la propiedad y la libertad religiosa, y elimina las protecciones del estado de derecho contra la conducta manifiestamente arbitraria del gobierno", señaló la oficina del USTR.
Entre otras violaciones de derechos humanos, el reporte cita que el 47% de los niños nicaragüenses entre 10 y 14 años están involucrados en actividades laborales, víctimas del trabajo infantil.
"Estos actos, políticas y prácticas contravienen las normas básicas de equidad, derechos humanos y orden público, así como las leyes y la constitución de Nicaragua, y diversos instrumentos regionales e internacionales de los que Nicaragua es parte", apuntó la entidad gubernamental estadounidense.
La propuesta contempla dos acciones principales: la suspensión total o parcial para Nicaragua de los beneficios del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (CAFTA-DR), y la aplicación de aranceles de hasta el 100% sobre todas, o parte, de las importaciones nicaragüenses, de forma inmediata o escalonada, durante un período de hasta 12 meses.
Expertos señalan que estas sanciones podrían tener efectos devastadores para la economía nicaragüense, que depende en gran medida del comercio con Estados Unidos, especialmente en sectores como el oro en bruto y la industria textil.
El economista Juan Sebastián Chamorro, exiliado en Washington, calificó el informe como “sumamente serio” y alertó sobre el posible colapso económico si Nicaragua pierde los beneficios del CAFTA-DR, reportó la agencia de noticias EFE.
La propuesta se ampara en la Sección 301 de la Ley Comercial de 1974, que permite a Estados Unidos investigar y responder a prácticas comerciales injustas o violaciones de derechos por parte de sus socios comerciales.
Aunque aún no se ha definido una fecha concreta para la implementación de estas medidas, la administración estadounidense ha dejado claro que considera las acciones del gobierno nicaragüense como “irrazonables” y perjudiciales para el comercio bilateral.
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